Legalizar lo que ya está hecho

Pasado el plazo, la administración ya no puede ordenar el derribo por esa causa, y la obra se regulariza por antigüedad con un certificado técnico en vez de por un expediente de legalización ordinario. Ese plazo lo fija cada comunidad autónoma: la mayoría lo sitúa entre 4 y 8 años, y alguna, como la Comunitat Valenciana, lo extiende hasta 15. Saber en cuál de los dos casos estás cambia el procedimiento entero, así que es lo primero que miramos.

• Informe de viabilidad: si ha prescrito, si hay expediente abierto y por qué vía cabe regularizar.
• Levantamiento del estado real de lo construido, con mediciones y planos.
• Proyecto de legalización o memoria valorada, según lo que exija la actuación y el municipio.
• Presentación del expediente ante el ayuntamiento y respuesta a los requerimientos.
• Si procede la vía de antigüedad, el certificado técnico para inscribir en el Registro de la Propiedad.

El proyecto de legalización son 1.750 € hasta 150 m² y 2.250 € de 151 a 250 m². Por encima de 250 m², o con afección estructural, presupuesto a medida. La memoria valorada, cuando basta con ella, va aparte y es más barata. A eso hay que sumarle lo que cobre el ayuntamiento —tasa e ICIO— y, si hubo infracción no prescrita, la sanción, que es del expediente y no nuestra.

Legalizar lo que no es legalizable. Si lo construido no encaja en lo que el plan admite, no hay proyecto que lo arregle, y eso lo dice el informe de viabilidad antes de que encargues nada más. Y la sanción, si la hay, no desaparece por legalizar: son dos cosas distintas y conviene saberlo desde el principio.